user2

Una de las carencias de la democracia representativa actual es que el ritmo de 4 años entre elecciones y elecciones se ha mostrado un periodo innecesariamente largo. En la actualidad existen mecanismos de participación y debate que hacen incongruente restringir el acto de votar a unas campañas de promesas y voluntades cada cuatro años.

La distancia entre las decisiones y la declaración de intenciones deja mucho espacio a la diferencia. Es decir a la promesa no cumplida justificada por cambio en el entorno, en las circunstancias. Y del compromiso no asumido a la mentira y la falsa promesa dista muy poco espacio para convertirse en una amenaza constante o simplemente una estrategia más.

La idea de crear una organización participativa, no sólo consiste en formalizar una representación legal en el marco actual (representativo) sino en comprometerse en la transición hacia procesos participativos en su ámbito. Como son:

• No intermediar de ninguna manera en la información a la que se tiene acceso como representación en detrimento del colectivo.
• No generar ni fomentar actos presenciales reducidos (reuniones) si no existe una necesidad explícita para ello.
• Las comunicaciones que pueden ser abiertas a todo un colectivo no deberían de restringirse a grupos de trabajo o de negociación por sistema como actualmente ocurre. Sólo se debería de hacer uso de reuniones e informaciones restringidas cuando exista un motivo para ello, y éste ha de hacerse público en cada caso y no asumirse nunca como norma.

Los órganos internos sindicales también representativos pueden ser igualmente poco ágiles a la hora de renovarse o adaptarse. En función de los estatutos pueden tener una periodicidad de renovación larga, y la fiscalización real (actas, procesos internos) frecuentemente se descuida.

Las organizaciones participativas han de velar siempre por la participación colectiva, y eso supone anteponer ésta a otras mecánicas organizativas. La periodicidad fija de eventos y decisiones (asamblea general) no puede ser un obstáculo para incorporar nuevas participaciones y para impulsar nuevas iniciativas. Tampoco la financiación o el pago de cuotas debería de limitar la capacidad de aportar y debatir a miembros del colectivo laboral menos integrados en ellas o que se acercan por primera vez.